Guías turísticos cargan contra la nueva ordenanza de Palma: "¿Les ponemos un chip como a los perros?"
Advierten que la limitación de las visitas guiadas a un máximo de 20 personas contraviene la normativa balear
Alicia Romero | 15/02/2025
La Asociación Proguies Turístics de Baleares, integrada en Pimem, ha advertido que la limitación de las visitas guiadas a un máximo de 20 personas, contemplada en la nueva ordenanza cívica de Palma, contraviene la normativa autonómica vigente desde 2015, que permite grupos de hasta 70 personas. Según la entidad, esta regulación, de rango superior, debería prevalecer sobre la ordenanza municipal, que aún está en fase de alegaciones y pendiente de aprobación definitiva por el pleno del Ayuntamiento.
El presidente de Proguies, Gabriel Rosales, ha expresado su sorpresa ante esta medida. "Actualmente la media de grupos se mueve entre los 30 y los 50, pero llama la atención que el Ayuntamiento no haya tenido en cuenta la normativa autonómica antes de dar el paso", ha señalado.
IMPACTO ENEL TURISMO Y EN LA ECONOMÍA LOCAL
Desde la asociación advierten que la reducción del número de personas por grupo podría afectar directamente al turismo y a otros sectores económicos vinculados a las visitas guiadas en Palma. "Con grupos de 19 miembros no vamos a poder vender excursiones al ser inviables económicamente", ha lamentado Rosales, recordando que la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) también ha manifestado su rechazo a esta limitación.
Además, la medida podría impactar negativamente en lugares emblemáticos como la Catedral de Mallorca o el Castell de Bellver. En este último caso, según Rosales, la reducción de ingresos afectaría directamente al propio Ayuntamiento, ya que es la institución encargada de su gestión.
PREOCUPACIÓN POR LA PRIVACIDAD
Otro de los puntos más polémicos de la ordenanza es la obligación de que los guías turísticos lleven visible su acreditación con nombres, apellidos y número de DNI, algo que desde Proguies consideran una vulneración de la privacidad. "Se vulneran unos derechos de privacidad y se entra en conflicto con la ley de protección de datos. ¿Cómo puede ser que un policía se identifique con un número y nosotros tengamos que exponer toda esta información? Se nos trata como a criminales", ha denunciado Rosales.
Asimismo, la asociación rechaza que sea la Policía Local quien controle el número exacto de turistas en cada grupo. Rosales ha ironizado sobre la dificultad de aplicar esta norma en la práctica: "¿Qué hacemos con los turistas que se unen al grupo, sin ser del grupo, en el momento en que estamos dando explicaciones? ¿Les ponemos un chip como a los perros para saber quién es quién? ¿Repartimos porras para disuadir a los que no son del grupo?", ha concluido.
