Un año de una tragedia que evidenció los riesgos de la lucha contra el narcotráfico en el sur de España

La muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) el 9 de febrero de 2024 evidenció los riesgos del narcotráfico en el sur de España y la falta de medios policiales para enfrentarse a las poderosas redes del Estrecho de Gibraltar.

Un año después de aquel trágico suceso, las narcolanchas, prohibidas en España desde 2018, continúan operando en la zona. Este mismo viernes, un presunto narcotraficante ha fallecido en Tarifa durante una persecución, demostrando que los incidentes mortales siguen ocurriendo en la lucha contra el narco.

UN OPERATIVO MARCADO POR LA IMPROVISACIÓN

El 9 de febrero de 2024, hasta seis narcolanchas se refugiaban del temporal en el puerto de Barbate, atrayendo la atención de los vecinos, incluidos jóvenes, que se acercaban a observarlas.

Esa misma mañana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había estado en la provincia, presentando el balance del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que calificó como "un éxito" en la lucha contra el narcotráfico.

Ante la preocupante imagen de impunidad que reflejaba la presencia de las narcolanchas, los mandos de la Comandancia de Cádiz ordenaron una intervención. Sin embargo, las malas condiciones meteorológicas y diversas averías impidieron que las patrulleras más potentes de la Guardia Civil pudieran acudir, por lo que se decidió enviar por carretera una zódiac del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) hasta Barbate.

Los agentes supervivientes han denunciado que la operación fue improvisada y arriesgada, describiéndola como un "dispositivo suicida". A pesar de ello, los mandos ordenaron a la zódiac, con seis agentes, salir al mar para identificar a los tripulantes de las narcolanchas.

UNA EMBOSCADA FATAL

Lejos de huir, los narcos iniciaron un acoso contra la patrullera. Según un informe de la Guardia Civil, la zódiac de los agentes fue embestida al menos siete veces en menos de tres minutos.

"¡Dios! ¡Dios! ¡Van a por nosotros! ¡Disparad al aire! ¡Van a por nosotros!", se escucha en los audios registrados momentos antes del impacto fatal.

Los agentes Miguel Ángel González, de 39 años, natural de San Fernando (Cádiz) y buzo del GEAS, y David Pérez Carracedo, de 43 años, nacido en Barcelona, residente en Navarra y miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR), murieron en el acto.

UN GIRO EN LA INVESTIGACIÓN

En cuestión de horas, fueron detenidos los ocupantes de una narcolancha que huyó del lugar. Sin embargo, la investigación posterior de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Policía Judicial de Cádiz determinó que la embestida mortal fue realizada por otra embarcación.

Las pesquisas llevaron hasta una "goma" incautada en marzo en Huelva, donde se encontraron pruebas que señalaron al marroquí Karim El Baqqali, de 32 años, como el piloto responsable de la embestida.

El Baqqali huyó a Marruecos el mismo día del suceso, pero el 19 de septiembre, se entregó a la Guardia Civil en Barbate. Sus dos cómplices, Yassine E.M. y Mohamed L.M., fueron arrestados posteriormente.

Los tres permanecen en prisión, enfrentando cargos por dos asesinatos, cuatro tentativas de homicidio, seis atentados, contrabando y pertenencia a grupo criminal.

DOS PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS

El juzgado de Barbate que investiga la muerte de los guardias civiles ha solicitado un informe de un experto en navegación para determinar si Karim El Baqqali realizó la embestida de forma intencionada, como sostiene la Guardia Civil, o si, como argumenta la defensa, el impacto fue accidental mientras intentaba huir.

Dependiendo del resultado de este informe, la calificación del delito podría cambiar de asesinato a homicidio involuntario.

En paralelo, otro juzgado ha archivado la investigación sobre posibles responsabilidades penales de los mandos de la operación, a pesar de las denuncias de las asociaciones de guardias civiles.

"Yo solo quiero justicia para mi hijo", reclama Paqui Gómez, madre de Miguel Ángel González, quien insiste en que existen audios que prueban que los agentes en Barbate advirtieron del peligro de la misión, pero sus preocupaciones fueron ignoradas.

¿EL NARCOTRÁFICO SIGUE IGUAL O HA EMPEORADO?

Las asociaciones de guardias civiles denuncian que, pese a la tragedia, nada ha cambiado y que los agentes continúan enfrentándose al narcotráfico sin los medios suficientes.

El Ministerio del Interior, por su parte, defiende el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que desde 2018 ha supuesto:

• Aumento del 11,8 % en las plantillas policiales.

• Refuerzos especiales con una inversión de 44 millones de euros.61 millones de euros en medios materiales y tecnológicos.

• Más de 34.000 operaciones contra redes de narcotráfico.

• Incautación de 2.000 toneladas de droga.

Sin embargo, el narcotráfico sigue adaptándose. La presión policial en el Campo de Gibraltar ha empujado a los narcos a desplazar sus operaciones a Huelva, Almería y, especialmente, al río Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda.

El presidente de la Coordinadora Antidroga del Campo de Gibraltar, Francisco Mena, alerta de un nuevo problema en la región: las mafias han comenzado a usar narcolanchas para introducir cocaína en la península.

"Si pierden un cargamento de hachís, asumen el golpe. Pero perder un cargamento de cocaína significa una pérdida económica millonaria. No lo van a poner fácil", advierte.