El PP acusa al PSOE de "amordazar a los jueces" y proteger al Gobierno de casos de corrupción

El Partido Popular ha acusado al PSOE de dar un paso más en su estrategia de "laminar al poder judicial" en un contexto de "desesperación" ante los casos de corrupción que rodean al Gobierno. Esta crítica surge tras el registro en el Congreso de una proposición de ley que busca prohibir que partidos políticos, asociaciones o fundaciones vinculadas a ellos ejerzan la acusación popular.

Fuentes de la dirección nacional del PP han señalado que esta medida "cercena el derecho de particulares y asociaciones a personarse en casos de corrupción, como ha hecho el Partido Popular en las tramas que afectan al Gobierno".

AMEDRENTAMIENTO A LOS JUECES SEGÚN EL PP

El PP también considera que esta propuesta busca promover el control y el amedrentamiento de los jueces, ya que permitiría que los magistrados puedan ser recusados si manifiestan públicamente su censura o desacuerdo con actuaciones de autoridades, partidos o sindicatos involucrados en un procedimiento.

"La intención del PSOE no es combatir la corrupción, sino a quienes la denunciamos", ha afirmado el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, acusando a los socialistas de hacer del "abuso" su política y ahora pretender convertirlo en ley.

COMPARACIÓN CON LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

El PP ha comparado esta situación con lo que ocurre en Venezuela, destacando que es "simbólico" que el mismo día en que Nicolás Maduro intenta "perpetuarse en el poder en contra de la ley", el Gobierno español impulse medidas para el "control" y "amedrentamiento" de los jueces.

"Que hablen de ultras hoy después de haber guardado silencio respecto a Venezuela es directamente indecente", añadieron desde el PP.

DENUNCIA DE IMPUNIDAD PARA EL GOBIERNO

El PP interpreta esta proposición como un nuevo intento del PSOE de debilitar al poder judicial, quitando la instrucción a los jueces para dejarla en manos de la Fiscalía y desacreditando a la justicia ante la ciudadanía.

"Dicen que hay procesos abusivos. Lo que es abusivo es enchufar a hermanos, enriquecer a amigos, hacer negocio siendo la esposa del presidente del Gobierno y desviar miles de millones de euros en comisiones ilegales", ha afirmado el PP.

ACUSACIONES DIRECTAS CONTRA PEDRO SÁNCHEZ

El Partido Popular acusa al presidente Pedro Sánchez de legislar solo para protegerse a sí mismo, liderando un Gobierno que evita la pluralidad y utiliza los recursos del Estado en beneficio propio.

El PP ha ironizado diciendo que al PSOE "no le basta con tener al fiscal general del Estado al servicio del presidente ni con usar a la Abogacía del Estado como abogado de familia, presentando querellas contra los jueces".

"Los que impulsaron una moción de censura para combatir la corrupción ahora buscan blindar la suya por ley. Quien apoye esto será cómplice de esta deriva", advirtió el PP.

CUCA GAMARRA ACUSA AL PSOE DE BUSCAR IMPUNIDAD

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, anunció que su partido combatirá esta propuesta de ley con todos los instrumentos legales porque busca la impunidad para evitar que se investiguen delitos que afectan al Gobierno, a Pedro Sánchez y a su entorno.

El PSOE registró esta proposición de ley mientras avanzan procesos judiciales impulsados por la acusación popular, sin apoyo de la Fiscalía, que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente.

APLICACIÓN RETROACTIVA Y CRÍTICAS A LA URGENCIA

La propuesta del PSOE contempla que la medida pueda aplicarse de manera retroactiva, lo que según Gamarra busca paralizar procedimientos ya en curso. "No quieren combatir la corrupción, quieren lograr la impunidad para el PSOE", denunció.

Pedro Sánchez, según Gamarra, pretende "amordazar a los jueces" para evitar que se investiguen actos de corrupción relacionados con el Gobierno, su partido y su entorno cercano.

La secretaria general del PP recordó que las investigaciones en curso no se basan en rumores, sino en informes de la Guardia Civil y diligencias judiciales abiertas en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, y juzgados de Badajoz y Madrid.