El Gobierno defiende la empresa pública de vivienda para blindar la oferta

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha subrayado la necesidad de implantar un nuevo enfoque en la política de vivienda en España. Para ello, el Gobierno avanza en la creación de una empresa pública de vivienda destinada a asegurar de forma permanente una oferta pública que garantice precios accesibles.

Rodríguez destacó que, desde 2019, la entidad pública del suelo Sepes ha potenciado su participación en el desarrollo de vivienda asequible. Sin embargo, reconoció que este mecanismo no era suficiente para impedir que las viviendas de protección oficial (VPO) o las viviendas sociales terminaran en manos de particulares, como ocurrió anteriormente con algunas administraciones locales y autonómicas. Por ello, enfatizó la importancia de consolidar una oferta pública y asequible de forma permanente.

Estas declaraciones las realizó durante las jornadas ‘Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar’, donde se espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente nuevas iniciativas en materia de vivienda.

Durante la inauguración del evento, Rodríguez reiteró que el Ejecutivo está reforzando Sepes, dotándola de mayores competencias para convertirla en una empresa capaz de garantizar el acceso a viviendas asequibles.

Entre los primeros proyectos de esta nueva entidad pública figura la construcción de más de 400 viviendas en la Comunidad Valenciana, concretamente en el antiguo cuartel de ingenieros de Valencia. El objetivo es asegurar que la totalidad de estas viviendas mantengan precios accesibles.

La ministra también informó que se han dado pasos importantes para fortalecer esta empresa pública, ampliando sus funciones y sumando los inmuebles disponibles de la Administración General del Estado. Estos espacios serán transformados en viviendas, sin descuidar la gestión y transformación del suelo que demandan ayuntamientos, comunidades autónomas y promotores de distintos perfiles.

Rodríguez defendió la regulación del mercado inmobiliario al afirmar que "la desregulación y la liberalización del suelo no garantizan viviendas más asequibles". Recordó que en 2005 y 2006 se concedieron 570.000 visados de obra nueva, pero los precios de la vivienda se duplicaron, alimentando la burbuja inmobiliaria que posteriormente causó graves consecuencias.

Además, hizo hincapié en la importancia de ofrecer seguridad jurídica en el sector. Para ello, instó a retomar la reforma de la Ley del Suelo, registrada en el Congreso desde marzo, pero que no avanzó por falta de consenso político.

Rodríguez concluyó destacando que invertir en vivienda pública y social es la vía más efectiva para garantizar el derecho a un hogar. Invitó a aprender de los modelos europeos de éxito, pero también a desarrollar un enfoque propio adaptado a las necesidades de España.