El cambio en la ley de comunidades de vecinos que permitirá aumentar las cuotas hasta un 20%
Una modificación en la Ley de Propiedad Horizontal permitirá limitar los pisos turísticos y establecer incrementos en los gastos comunes
Alicia Romero | 30/01/2025
A partir del 3 de abril, las comunidades de propietarios tendrán mayor control sobre las viviendas de uso turístico en sus edificios. Una modificación en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) permitirá a los vecinos decidir si se permite o no este tipo de alquileres en su comunidad. Además, podrán establecer cuotas especiales para las viviendas destinadas a este uso, con incrementos de hasta un 20% en los gastos comunes.
Esta medida, derivada de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, busca frenar el impacto del alquiler vacacional en el mercado de vivienda, ya que se considera uno de los factores que han contribuido a la escasez de viviendas de larga temporada y al aumento de los precios del alquiler.
¿QUÉ CAMBIOS INTRODUCE LA LEY?
Según el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (CAFINCAS), la modificación de la LPH responde a dos sentencias del Tribunal Supremo que reconocen la capacidad de las comunidades de propietarios para prohibir el alquiler turístico mediante acuerdos adoptados en junta.
Desde abril, para destinar una vivienda al alquiler turístico será obligatorio contar con el voto favorable de tres quintas partes del total de propietarios, que a su vez representen tres quintas partes de las cuotas de participación del edificio.
Además, esta misma mayoría será necesaria para aprobar el establecimiento de cuotas especiales o incrementos en la participación de los gastos comunes para las viviendas destinadas a este uso, con un límite del 20% de aumento sobre las cuotas habituales.
SANCIÓN PARA QUIEN INCUMPLA LA NORMA
Los expertos de CAFINCAS advierten que aquellos propietarios que alquilen su vivienda como piso turístico sin la aprobación de la comunidad podrán ser sancionados. En estos casos, el presidente de la comunidad podrá exigir el cese inmediato de la actividad, ya sea por iniciativa propia o a petición de cualquier vecino u ocupante del edificio.
Si el propietario no detiene la actividad, la comunidad podrá emprender acciones legales contra él, reforzando así el control sobre este tipo de alquileres y su impacto en los edificios residenciales.
