Empresas de Mallorca denuncian actuaciones ilegales de Hacienda en procedimientos e investigaciones
Aseguran que estas buscan reclamar, incluso con efectos retroactivos, el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
EFE | 27/01/2025
La Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca (ADOPUMA) ha expresado su malestar por las actuaciones de algunos funcionarios de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB), a quienes acusa de abrir procedimientos de comprobación e investigación que consideran contrarios a la legalidad.
ADOPUMA señala que estas actuaciones buscan reclamar, incluso con efectos retroactivos, el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD) por la posesión de autorizaciones de servicios temporales en el dominio público marítimo-terrestre. Según ADOPUMA, estas actuaciones se basan en una interpretación errónea y deliberada de la legislación vigente, al confundir concesiones administrativas con autorizaciones temporales.
La asociación explica que, de acuerdo con la Ley de Costas, las concesiones administrativas están destinadas a la cesión de espacios públicos para obras o instalaciones no desmontables, con un plazo de ocupación superior a cuatro años, y que suelen destinarse a infraestructuras permanentes.
En cambio, las autorizaciones administrativas temporales, como las otorgadas para hamacas, sombrillas o quioscos desmontables, tienen una vigencia máxima de cuatro años, aunque puedan prorrogarse, y su carácter desmontable las excluye del marco impositivo aplicable a las concesiones administrativas.
ADOPUMA subraya que estas diferencias han sido respaldadas por recientes sentencias judiciales que anulan liquidaciones de la ATIB, al considerar que las autorizaciones de servicios temporales no constituyen un hecho imponible del ITPyAJD
La asociación ha solicitado a la Conselleria de Economía que intervenga para impedir estas actuaciones, que califican de ilegales y que, según denuncian, generan daños económicos y una inseguridad jurídica inadmisible para los titulares de autorizaciones temporales.
ADOPUMA advierte que estas prácticas podrían constituir un delito de exacciones ilegales, al considerar que su único objetivo parece ser incrementar la recaudación tributaria al margen de la legalidad. "Deseamos que el ejercicio profesional de nuestros asociados no se vea empañado por actuaciones que vulneran el marco normativo y que generan una inseguridad jurídica inaceptable", concluye la asociación.
