Ordenan dictar una nueva sentencia tras el despido de un empleado de una conocida cafetería en Palma por fraude en descuentos

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha dado la razón al supervisor de una cafetería Starbucks de Palma que fue despedido por uso indebido del descuento para empleados y ha ordenado que se dicte una nueva sentencia que responda a sus alegaciones y exponga de forma suficiente los razonamientos para alcanzar el fallo que confirmó el despido.

El TSJB ha estimado el recurso de un supervisor de una cafetería que fue despedido por fraude y transgresión de la buena fe contractual tras una investigación interna al detectar que el volumen de descuentos de empleado aplicados en la tienda era muy elevado para el poco tiempo que llevaba abierta y su escaso número de trabajadores.

El tribunal ha declarado nula la sentencia que confirmó el despido y ha ordenado al Juzgado de lo Social Nº 6 de Palma que dicte una nueva que dé explícita y adecuada respuesta a la alegación del demandante de prescripción de los hechos imputados, incluyendo los hechos probados y que exponga en forma suficiente los razonamientos de valoración de la prueba practicada.

La sentencia que se ha anulado relata que, tras detectar diversas irregularidades en el sistema de descuento por empleado de productos de la empresa, la responsable de la tienda inició una investigación interna apoyada por las cámaras de seguridad del local.

Detectó que entre marzo y abril de 2023 el supervisor de la cafetería fue adquiriendo diversos artículos y aplicándose el descuento con el código personal e intransferible de empleado de otro trabajador, que en esos momentos estaba de baja.

La empresa argumentó el despido en que, aprovechando su puesto como supervisor, realizó diversas operaciones fraudulentas suplantando la identidad de otro compañero con el fin de beneficiarse indebidamente y causar un perjuicio económico a la empresa, estimado en unos 52 euros.

La defensa del trabajador denunció una infracción de normas del procedimiento laboral que postulaba revisar los hechos probados y examinar el derecho aplicado. Alegó prescripción de los hechos imputados, pues la fecha de conocimiento de lo ocurrido superaba el plazo de 20 días para las ‘faltas graves’.

Una vez la sentencia confirmó el despido, la defensa presentó recurso de súplica alegando que la sentencia no especificaba qué hechos de los declarados probados habían resultado conformes, cuales no y, respecto de éstos, cual había sido el elemento de convicción para declararlos acreditados, incumpliendo así con la obligación de motivar debidamente el fallo con razonamientos concretos que conduzcan a la apreciación y valoración de la prueba practicada en el acto del juicio.

Los magistrados del TSJIB consideran que la sentencia infringe la LEC por "manifiesta incongruencia omisiva, por falta de respuesta a la alegación de prescripción de las faltas imputadas, como por insuficiente motivación, por la falta de exposición de los razonamientos de valoración respecto de la prueba practicada".

Añaden que esto lesiona el derecho fundamental de defensa del recurrente, "por ser insuficiente el relato de hechos probados y no poderse completar por el cauce procesal correspondiente”.

Por todo ello, el tribunal anula la sentencia e insta a la magistrada de instancia que dicte una nueva que ofrezca “explícita y adecuada respuesta a la alegación de prescripción de los hechos imputados, incluyendo los hechos probados necesarios a tal efecto, y exponga en forma suficiente los razonamientos de valoración de la prueba”.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso en el Tribunal Supremo.