El fiscal general cambió de móvil justo tras abrirle causa el Supremo
La Guardia Civil analizó los números de teléfono de Álvaro García Ortiz tras registrar su despacho
Redacción | 03/01/2025
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe al Tribunal Supremo certificando que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cambió su teléfono móvil el pasado 23 de octubre, justo una semana después de que el alto tribunal abriera una causa penal contra él.
El cambio se produjo también una semana antes de que el juez Ángel Hurtado ordenara el registro del despacho del fiscal general, que tuvo lugar el 30 de octubre, con el objetivo de requisar sus teléfonos y correos electrónicos.
ANÁLISIS DE LOS NÚMEROS E IDENTIFICADORES TELEFÓNICOS
En el informe, los agentes analizan los números de teléfono y los identificadores IMSI/IMEI asociados a las tarjetas del dispositivo intervenido a García Ortiz. El análisis reveló la existencia de dos números de teléfono: uno utilizado para recibir mensajes de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en la causa, y otro vinculado a un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
El informe concluye que los identificadores IMSI asociados al nuevo dispositivo se activaron el 23 de octubre de 2024, lo que confirma el cambio de terminal en esa fecha respecto a las tarjetas previamente usadas.
La Guardia Civil señaló que, al revisar el dispositivo del fiscal general, encontraron "0 mensajes" entre los días 8 y 14 de marzo, periodo en el que supuestamente se filtró información sobre la investigación por fraude contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
JUSTIFICACIÓN DE LA FISCALÍA
Desde la Fiscalía, se ha argumentado que una instrucción de 2019 en materia de protección de datos y una guía básica de actuaciones recomiendan borrar periódicamente los dispositivos electrónicos por motivos de seguridad.
Fuentes fiscales subrayan que estas instrucciones sugieren la "destrucción segura" de documentos y dispositivos en desuso y la "limitación del plazo de conservación" de datos personales al tiempo estrictamente necesario.
