Roja Directa, condenada a pagar 31,6 millones de euros a Mediapro por piratear el fútbol
Se trata del mismo juzgado que en 2016 ordenó a Rojadirecta el cese de las emisiones de los partidos
EFE | 20/12/2024
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha dictado sentencia contra la empresa responsable de la web Rojadirecta y su administrador único, ordenándoles indemnizar a Mediapro con 31,6 millones de euros por la emisión no autorizada de partidos de fútbol durante la temporada 2014-2015.
Este fallo llega tras la decisión de 2016, donde el mismo juzgado ordenó el cese de las emisiones de Rojadirecta. Ahora, la jueza Salomé Martínez ha determinado la cantidad que Puerto 80 Projects S.L.U., propietaria de la web, deberá pagar por los daños ocasionados debido al lucro cesante.
ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA SENTENCIA
Aunque Mediapro buscaba una indemnización que abarcase el periodo desde 2010 hasta el cese de las emisiones, la jueza ha limitado la compensación únicamente a la temporada 2014-2015. La sentencia, que aún no es firme, permite interponer recurso de apelación en un plazo de 20 días.
En el fallo, se condena a Puerto 80 Projects S.L.U. al pago de 15,8 millones de euros, mientras que esa misma cantidad deberá ser abonada solidariamente por la empresa y su administrador, Igor S.M.
CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN
El importe de la compensación se ha calculado en base al ingreso que habría obtenido Mediapro si la empresa infractora hubiera solicitado autorización para emitir los contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual.
Por otro lado, la jueza desestimó la reclamación de Gol TV, el operador afectado, debido a que consideró poco fiable el informe presentado para justificar una compensación de 7 millones de euros.
Mediapro ha destacado que esta sentencia está vinculada a la decisión del Tribunal Supremo de 2022, que ya reconoció la vulneración de los derechos de propiedad intelectual por parte de Rojadirecta. Además, recordó que existe un proceso penal en curso, impulsado conjuntamente con LaLiga, por un presunto delito continuado contra la propiedad intelectual.
Con esta resolución, se refuerzan las medidas legales contra la emisión no autorizada de contenidos protegidos, marcando un precedente en la protección de los derechos audiovisuales.
